martes, 23 de abril de 2013

El Registro Civil en República Dominicana


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FRANCISCO ALVAREZ VALDEZ

Abogado

Sobre mí

Socio fundador de Headrick Rizik Alvarez & Fernández.
El presidente Danilo Medina ha denunciado que el 20% de los niños menores de cinco años se quedan sin ser registrados en las oficialías del Estado Civil. Esto significa uno de cada cinco que nacen. Es una situación de espanto, que debería llenarnos de vergüenza.
De acuerdo al censo del 2010 la población dominicana ascendía a 9,445,281, de los cuales el 9%, es decir 850,075 tenía menos de  cinco años de edad. Por lo tanto, la denuncia del señor presidente significa que 170,015 niños y niñas dominicanas no cuentan con un acta de nacimiento. De acuerdo con los datos del censo, implicaría que cada año 28,000 niños y niñas se quedan sin ser declarados.  No cabe duda de que estamos hablando de una situación excepcionalmente grave.
¿De qué sirve establecer en el artículo 55, ordinal 8 de la Constitución que “todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad?
¿De qué sirve haber ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuyos artículos 16 y 24 afirman que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y que todo niño deberá ser inscrito después de su nacimiento y deberá tener un nombre?
¿De qué sirve que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos disponga en su artículo 3 que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica o que el artículo 4 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes señale la obligación de identificar y registrar a  los niños inmediatamente después de su nacimiento?
Danilo Medina explicó con claridad lo que ocurre con los niños en esas condiciones: “un niño cuyo nacimiento no se registra le será más difícil recibir los servicios de salud, educación y el resto de los derechos que debe garantizar el Estado” (Listín Diario, 17 de abril de 2013). Agregó que esa situación solo ayuda a perpetuar la desigualdad e injusticia que sufren los niños más pobres.
Y  el presidente acierta, porque el factor que genera esta situación no es la ascendencia haitiana, sino la pobreza. Esto ocurre sobre todo en los segmentos pobres de nuestra población, sin importar que sus ascendientes hayan venido de Haití o de cualquiera otra parte del mundo. Y recordemos que el 100% de la población dominicana tiene ascendencia extranjera, pues en nuestro país a los indios vivos los convirtieron en cristianos muertos, como diría Neruda.
La República Dominicana se comprometió, al ratificar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para darle vigencia al derecho de todo el que nace a estar registrado civilmente, pero es poco lo que ha hecho hasta ahora.
Por eso, cuando en la misma semana que leía la denuncia del presidente Medina, también leí en la prensa que la Junta Central Electoral (JCE)  había firmado un convenio con el Consejo Nacional Electoral venezolano a través del cual el organismo electoral dominicano  le aportaría a su colega venezolano  “la experiencia y los conocimientos relativos a la automatización de los procesos en materia de expedición de documentos del Estado Civil” (Listín Diario, 12 de abril), me  llené de indignación.
La JCE es la responsable de todo lo concerniente al registro de los actos del Estado Civil, incluyendo los nacimientos.  Estas atribuciones le fueron conferidas por una ley del año 1992, es decir hace ya 21 años. Es responsabilidad de la JCE  tomar todas las medidas para cumplir con las obligaciones que asumimos con la ratificación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, desde medidas administrativas hasta hacer uso del derecho a iniciativa en la formación de las leyes para obtener la modificación de cualquier ley que deba actualizarse.
Estoy seguro que los técnicos de la JCE deben haberse percatado que la judicialización de los procesos de declaración tardía de nacimiento es un enorme obstáculo para la gente pobre de este país, pero además que los plazos para declarar a un recién nacido son extremadamente cortos, y luego los requisitos a cumplir para la declaración tardía obligan a las personas pobres a gastar un dinero que no tienen.
El Estado está condenando a las personas sin registro civil en inexistentes y por eso muchos han denominado como genocidio civil lo que se hace con ellas. Ojalá el presidente Medina cumpla con su palabra tal como la expresa la prensa: “El presidente Danilo Medina garantizó que el Estado Dominicano, en colaboración con la Junta Central Electoral, eliminarán en la República Dominicana la carencia de identidad.” Si al concluir su mandato ha logrado reducir a su mínima expresión esta situación, seré el primero que aplaudiré y lo reconoceré por siempre.
Mientras tanto la JCE sigue gastando importantes fondos públicos en una campaña publicitaria para fortalecer su imagen cuando bien pudiera invertir esos recursos en una campaña para dotar de registro civil a quienes carecen de él.

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